Si la lectura política a las primera información sobre el móvil y la autoría intelectual de los violentos hechos en Iguala la noche del 26 de septiembre proporcionada por el procurador, Jesús Murillo Karam, es leída entrelíneas, el gobernador de Guerrero, Ángel Heladio Aguirre, y la dirigencia del PRD, en manos de Nueva Izquierda –Los Chuchos-, deben estar preocupados. Lo que estableció Murillo Karam como hipótesis implícita, es que al haber apoyado electoralmente al ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca, respaldaron a quienes establecieron en ese municipio un narco poder público con fuero y blindaje político.
La acusación directa fue contra su esposa, María de los Ángeles Villa Pineda, identificada como la jefa de la plaza de la banda criminal Guerreros Unidos, a quienes Aguirre y Los Chuchos promovían como próxima presidenta municipal o diputada federal. La implicación de que contribuyeron a fortalecer un gobierno que orgánicamente era expresión pública de la delincuencia organizada, no cesa si Aguirre se mantiene en el poder o no, o si Los Chuchos son o no funcionales para el gobierno federal. En estos momentos, lo único que importa para frenar la crisis social que se agudiza en el país, es que se castigue a todos los responsables, directos e indirectos, que llevaron a esa situación extrema de ilegalidad.
La PGR está en la ruta de castigar los responsables directos, Abarca y su esposa, a quienes señala como haber dado la orden de actuar en contra de los normalistas de Ayotzinapa, ya fuera por error al haberlos confundidos con una banda criminal enemiga, Los Rojos, o para evitar –que parece un móvil bastante pueril-, que arruinaran la fiesta política de la señora Villa Pineda, en donde se destapó para un cargo de elección popular, que contaba con el respaldo de Aguirre y de Los Chuchos. El enlace con ellos no era Lázaro Mazón, a quien el gobernador cesó por su relación, con Abarca, sino el diputado federal Sebastián de la Rosa, líder estatal de Nueva Izquierda, quien tres días después de los hechos, afirmó: “(Abarca) tiene el respaldo de mi corriente política”.
Los responsables indirectos, hasta este momento únicamente en el campo de la política, son Aguirre y Los Chuchos, quienes se dejaron tocar por el crimen organizado sabiendo que sus protegidos en Iguala, tenían relaciones estrechas con el narcotráfico. La historia de los Villa Pineda no era desconocida para nadie. En mayo de 2009 el nombre irrumpió salvajemente en la opinión pública cuando la Policía Federal detuvo en Cuernavaca a 14 familiares de ella, entre los que estaban sus padres y su hermano Salomón, que fue a una prisión de máxima seguridad, de donde salió el año pasado. Los Pineda Villa eran los responsables de controlar a la policía de Morelos durante el gobierno de Marco Adame, que estaba al servicio del capo Arturo Beltrán Leyva.
Los operadores de Beltrán Leyva eran Alberto y Mario Pineda Villa, apodados “El Borrrado” y “El MP”, a quienes mandó asesinar en septiembre de 2009 por “traidores y secuestradores”. Los dos participaron junto con la banda de “Los Petriciolet”, en los secuestros y asesinatos de los menores Fernando Martí y Alejandro Equihua. Con la muerte de ellos dos y la captura de su hermano, la Policía Federal estimó que habían acabado con esa pandilla. Sin embargo, tras la muerte de Beltrán Leyva en diciembre de ese año, renacieron en el corredor Iguala-Ciudad Altamirano, como Guerreros Unidos. Ahora se sabe, de acuerdo con Murillo Karam, que una de las jefas de esa organización criminal era la esposa del ex alcalde, quien a su vez, les daba más de dos millones de pesos al mes del erario para operar, y había puesto a su servicio a la policía municipal.
El caso de los Pineda Villa fue uno de los episodios más notorios, por sangrientos, en la historia del narcotráfico de los últimos años, y la prensa mencionó durante largo tiempo su parentesco con la esposa de Abarca. A Aguirre nunca le importó, y mantuvo una relación política con él, y personal con ella –que niega-, mientras que Los Chuchos le ofrecieron el blindaje político que necesitara. Tampoco la dirigencia del PRD volteó a ver el pasado, pero no es extraño. Al ex alcalde municipal de Cancún, Gregorio Sánchez, que paró en la cárcel en 2010 por su presunto vínculo con Beltrán Leyva, el entonces líder del partido, Jesús Ortega, lo defendió con vehemencia. Sánchez recuperó la libertad no porque se probara su inocencia, sino por un tecnicismo al faltar firmas en las fojas de su expediente.
En Iguala, Aguirre y Los Chuchos se metieron a un barco que naufraga, con sus posturas esquizofrénicas de apoyo, distanciamiento, respaldo y deslinde. Compañeros de viaje desde que el ex jefe del gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, convenció a Aguirre a luchar por la gubernatura por el PRD, y persuadió a Los Chuchos de hacerlo su candidato, en estos dos años pasados le dieron carta de impunidad a alcaldes perredistas–no sólo Abarca-, que hoy son investigados por sus presuntos vínculos con el narcotráfico, en acciones empapadas de negligencia política e irresponsabilidad. Pueden no ser culpables de delitos penales, pero el aura de protección que les brindaron, no puede quedar impunes. Eso, precisamente, es lo que Murillo Karam deslizó.
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